TIPOS DE AGRESIONES
CONTEXTO
E
Un claro ejemplo de esta contradicción es la creación y robustecimiento de
la Fuerza de Reacción Inmediata Pakal
(FRIP), presentada como un cuerpo especializado para combatir al crimen organizado, al mismo tiempo que desde
los discursos oficiales se niega que éste
represente una amenaza estructural en
la región. De igual forma, el cambio de la
Policía Estatal a Guardia Estatal se hizo sin
claridad sobre su figura jurídica. Se consolida así una lógica contradictoria, pues
mientras se afirma que “no está pasando nada”, se despliegan dispositivos policiales y militares bajo el pretexto de la
seguridad, agravando la criminalización
de personas defensoras y la ocupación
militar de Chiapas, con especial énfasis
en los municipios fronterizos.
l contexto actual presenta matices distintos al del año 2024, aunque en términos cuantitativos las agresiones contra
defensoras, periodistas y Organizaciones
de la Sociedad Civil se mantienen en niveles similares, e incluso podrían considerarse mayores. Con 73 personas defensoras
agredidas de enero a julio 2025 y 69 durante el mismo periodo de 2024, no se puede
hablar de avances en la seguridad de las
personas defensoras en el estado.
Esta persistencia de los niveles de violencia contrasta con la narrativa institucional
promovida por el nuevo gobierno estatal,
que insiste en la idea de una “pacificación”
del territorio y en la normalización de la crisis. Dicha narrativa, sin embargo, no se sostiene en datos ni en una transformación
real de las condiciones de seguridad, sino
que se apoya en una estrategia de militarización creciente que refuerza el control
territorial sin cuestionar -y mucho menos
desmantelar- las redes del crimen organizado.
E
n El Obse nos enfocamos en la documentación de los riesgos que conlleva la defensa del territorio y los derechos
humanos. Observamos la continuidad de
agresiones hacia personas defensoras de
derechos humanos y periodistas, con el
registro de 79 incidentes de enero a julio
de 2025. Como referencia, en el mismo periodo en 2024, registramos 61 incidentes. La
defensa de derechos humanos y el periodismo en México son labores de alto riesgo,
ya que al nombrar y denunciar violencias y
violaciones a DDHH se incomodan los intereses de grupos empresariales, políticos y
del crimen organizado.
En el trabajo de documentación realizado de enero a julio de 2025, se han identificado distintos tipos de agresiones cuyo fin
es obstruir o detener la labor de defensa de
derechos. Cabe resaltar que de las agresiones documentadas, un 85% son dirigidas1 y el 15% son incidentes de seguridad
contextuales.2 El 62% de estas agresiones
son físicas y 38% son digitales. Respecto
al tipo de agresión, destacan las categorías: intimidación, difamación, vigilancia,
criminalización, agresión verbal, abuso
de autoridad y agresiones digitales como
mensajes de odio, agresivos, intimidatorios o mensajes sexuales.
Desde El Obse reiteramos que para nosotras son personas defensoras no solamente quienes, a nivel individual, defienden
derechos humanos, como son activistas,
periodistas, líderes o lideresas comunitarias, o integrantes de organizaciones de la
sociedad civil, sino también todos aquellos
actores colectivos que promueven uno o
más derechos, entre ellos, comunidades,
asambleas ejidales y colectivos de activistas.
En particular, se observa un incremento de
las acciones de vigilancia e intimidación en
ámbitos digitales, así como de agresiones
graves en el ámbito físico.. La difamación
se lleva a cabo por parte de funcionarios
estatales, en represalia a las denuncias de
violencia e inoperancia del aparato estatal,
criminalizando la legítima labor de la sociedad civil y de las personas periodistas.
1 Una agresión dirigida es una acción o declaración planeada y ejecutada por parte de un
actor con el propósito de limitar, obstaculizar o detener el trabajo de defensa de derechos
que se realiza. Puede estar dirigida a una o más personas defensora de derechos humanos,
su familia, comunidad u organización.
2 Un incidente de contexto es un hecho o declaración que vulnera la seguridad personal de
una o más personas defensoras de derechos humanos, de su organización o de redes cercanas sin el propósito específico de atacar la labor de defensa de derechos humanos.
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