Los perfiles de las víctimas de estas
agresiones registradas corresponden de
manera significativa, a integrantes de
organizaciones de la sociedad civil, con
un 69%, le siguen activistas, líderes y lideresas comunitarias, periodistas, autoridades comunitarias, personas religiosas,
estudiantes, observadores de derechos
humanos, así como comunicadores y
comunicadoras comunitarias.
Quienes son identificados como agresores, responden en primer lugar a actores desconocidos, en segudo lugar a instituciones de gobierno así como a fuerzas
y cuerpos de seguridad, y en tercer lugar
a grupos del crimen organizado. A estos
agresores se suman empresas, particulares y grupos locales armados. En todos
los casos es preocupante y necesario
que se asuman responsabilidades para
la garantía de los derechos humanos de
las personas defensoras.
mich e Ignacio Pérez López, fueron asesinados en Nueva Morelia, municipio de
Chicomuselo, por resistirse al crimen organizado. El 28 de junio, fué encontrado
con signos de violencia, el cuerpo del periodista Víctor Culebro en el municipio de
Jiquipilas, quien se dedicaba a cubrir noticias sobre desapariciones e impacto de
la violencia en la región. El 20 de octubre,
luego de oficiar misa en el barrio de Cuxtitali, en San Cristóbal de Las Casas, es
asesinado el padre Marcelo Pérez Pérez,
quien fuera reconocido por su liderazgo
como sacerdote maya tsotsil, dedicado a
la construcción de la paz, a la defensa de
la tierra y territorio, a la defensa de los derechos de los pueblos y comunidades, y a
la lucha en contra de la violencia a través
de la resistencia civil pacífica.
Defender derechos en Chiapas es una
actividad de alto riesgo, y durante el 2024
significó la pérdida de la vida por asesinato de cuatro personas defensoras, lo
que resulta inadmisible. El 12 de mayo, la
pareja de catequistas Isidra Sosme Te-
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