4. La apertura inmediata de un mecanismo de diálogo interinstitucional, con participación efectiva de las familias afectadas, organismos de derechos humanos y autoridades competentes. 5. La suspensión de cualquier intento de desalojo o recuperación coercitiva del derecho de vía, mientras no existan condiciones legales, sociales y humanitarias adecuadas. 6. La implementación de medidas de protección contra actos de intimidación, hostigamiento o represalias. 7. La adopción de políticas públicas que privilegien la justicia social, la reparación integral del daño y las garantías de no repetición. Hacemos un llamado urgente a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH), la Comisión Estatal de los Derechos Humanos de Chiapas (CEDH), organismos internacionales, medios de comunicación, colectivos sociales y a la sociedad civil, para que den seguimiento a este caso, visibilicen los riesgos y contribuyan a la prevención de violaciones graves a derechos humanos. Centro de Derechos Humanos Digna Ochoa A.C. Tonalá, Chiapas