El Obse alerta que durante 2025 se registraron 124 agresiones contra personas defensoras, un incremento del 25% respecto al año anterior, desmintiendo el discurso oficial de "pacificación". Entre los casos documentados destacan allanamientos a las oficinas del Centro Fray Matías de Córdova y a la vivienda de la directora del Frayba, agresiones físicas contra la defensora Poulette Celene Hernández, amenazas de muerte y desplazamiento forzado contra la defensora indígena tsotsil Pascuala López López, la criminalización de la Colectiva Cereza, y el asesinato de Yerli Yaritza, joven buscadora de 18 años. Las organizaciones firmantes señalan la responsabilidad del Estado por acción y omisión, y concluyen con un llamado urgente: mientras las personas defensoras sigan siendo agredidas y asesinadas, no es posible hablar de paz en Chiapas.

En Chiapas, una paz simulada opera como estrategia de control estatal mientras las comunidades soportan la confluencia de disputas territoriales entre grupos criminales, desplazamiento forzado, desapariciones, fosas clandestinas, asesinatos y reclutamiento forzado. En este escenario, la opacidad y la inacción institucional encubren agresiones sistemáticas orientadas a desarticular la defensa de los derechos humanos y neutralizar la resistencia social. Las comunidades lo han dicho con claridad: no hay una paz verdadera. La convergencia de la vigilancia con la intimidación, la difamación y la criminalización, en los ámbitos físico y digital, opera como un sistema de hostigamiento multidimensional, diseñado estratégicamente para amedrentar, deslegitimar y silenciar. El Obse registró que, durante el primer cuatrimestre de 2026, el entorno para las personas defensoras de derechos humanos en Chiapas se mantuvo en un nivel de riesgo preocupante.